Ciudadanos, profesionales, asociaciones empresariales y de consumidores reclaman mayor transparencia, y reafirman su postura unitaria en contra de nuevas imposiciones.
Mientras la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), que da vía libre al establecimiento de un nuevo canon para los soportes digitales, continúa su trámite parlamentario, y ha pasado recientemente del Congreso al Senado, un amplio colectivo de asociaciones profesionales y entidades representativas de usuarios, empresas del sector de las tecnologías de la información, telecomunicaciones e Internet, se han reunido esta mañana en Madrid para reclamar mayor transparencia hacia el consumidor en este pago que encarece de forma indiscriminada los productos y servicios, y reafirmar su posición en contra del Canon Digital que perjudica el desarrollo de la Sociedad de la Información y a la competitividad de nuestra economía.
A fin de recabar nuevos apoyos entre entidades sociales y ciudadanos particulares, los firmantes de este comunicado han anunciado la puesta en marcha de la plataforma www.todoscontraelcanon.es, y planificado próximas convocatorias y actuaciones con los representantes de todos los grupos parlamentarios tanto en el Congreso como en el Senado.
En concreto, estas organizaciones manifiestan el rechazo a gravar los soportes, los equipos o redes y la tecnología en general con cánones, cuyos beneficiarios sean un sector económico o una actividad de intermediación específicos. Contraviene al interés general, ya que ello conlleva que cualquier colectivo o sector que se vea afectado por un cambio tecnológico pueda reclamar un canon similar sobre la tecnología que ha provocado este cambio, e impide el desarrollo de nuevos modelos de negocio.
Internet propicia un cambio de modelo, con canales de distribución alternativos a los modelos tradicionales. Un canon no debe proteger un canal frente a otro, y la evolución al mundo digital desde el analógico debe permitir que la gestión de derechos pueda realizarse por otros métodos distintos al canon, una medida que no soluciona el problema de fondo y legitima, de alguna manera, la propia descarga ilegal de música u otros productos culturales. Sin duda debe cobrar por su trabajo quien tiene derecho a ello; deben pagar por un servicio quienes deben hacerlo, y conviene que todos utilicen las Nuevas Tecnologías.
Todos los elementos que intervienen en las TIC (soportes, equipos y redes de telecomunicaciones) sirven tanto para los contenidos que tienen derechos (copyright) como para los que están libres de ellos (copyleft, creative commons, etc.) y por tanto, si se grava de forma indiscriminada, se penaliza (en beneficio de unos pocos) a todos los usuarios. En este momento, además, la mayor parte de los contenidos que circulan por estos soportes no tienen derechos (i.e. voz, correo electrónico, navegación) o datos que, además, son de naturaleza privada.
Un canon introduce una múltiple imposición, ya que se pagan los derechos al comprar o adquirir el contenido, y se vuelve a pagar por el hecho de almacenarlo en un dispositivo, o de moverlo a través de una red de telecomunicaciones. El canon, como también se ha demostrado con el Canon Analógico, no erradica, en ningún caso, la piratería o el ‘top manta’, y en algunos casos, incluso la incentiva, al incrementar el coste de los soportes, y propiciar que la compra de CDs, como otros servicios de Internet, sean deslocalizados a otros países que no tienen estos gravámenes.
Por todo ello, estas organizaciones firmantes reclaman una mayor transparencia hacia el consumidor en relación a los impuestos que actualmente se pagan en concepto de derechos de autor, no estando dispuestas a admitir la equiparación del usuario de tecnologías, que se ampara en el vigente derecho de cita, o en el derecho de copia privada, con aquellos que actúan al margen de la ley, y se lucran ilegítimamente vendiendo contenidos de terceros.
